Acuerdos recientes como el de los obispos de Guerrero con organizaciones delictivas para lograr una “tregua” y disminuir los índices de violencia en ese estado son “circunstanciales” y fomentan “un cierto nivel de impunidad”, ante la ausencia de las autoridades municipales y estatales en materia de seguridad pública.
“Son acuerdos circunstanciales para evitar que la violencia afecte a inocentes y a la población en sus actividades productivas; no se trata de que (los cárteles) dejen de delinquir, sino de que simplemente no se incremente la violencia, lo cual es una enorme diferencia”, nos explicó el especialista en seguridad nacional Javier Oliva.
El también académico de la UNAM advirtió que esa forma de llegar a acuerdos para que “cada quien delinca en su zona y no se meta en la del otro, tampoco me parece una solución; aquí el tema es la aplicación del Estado de derecho y la sanción a quien viole la ley”.
Lo anterior viene a cuento debido a que jerarcas de la Iglesia católica han tomado un papel cada vez más protagónico para intentar “pacificar al país” ante la ola de violencia por parte de los cárteles. En febrero de 2024 se informó que obispos de Guerrero negociaron con líderes de La Familia Michoacana, Los Tlacos y Los Ardillos para acordar una “tregua” ante la elevada criminalidad en varios puntos del estado.
Más información: Más allá del bien y del mal
Al conocerse esa negociación, el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó en su conferencia mañanera: “lo vemos muy bien. Nada más que nada de acuerdos que signifiquen conceder impunidad, privilegios, licencias para robar”.
No obstante, el encuentro entre los jerarcas católicos y líderes criminales desató una estigmatización desde ciertos sectores al difundirse la sospecha de posibles intereses de la Iglesia con grupos delincuenciales.
Al respecto, el sacerdote Filiberto Velázquez, director del Centro de Derechos Humanos Minerva Bello, dijo en una entrevista que él y otros representantes de la Iglesia han sido criticados por su participación en ese proceso de “pacificación” en Guerrero: “hemos sido cuestionados, estigmatizados, discriminados, como si tuviéramos pacto con el crimen organizado”.
Relación turbia entre Iglesia y delincuentes
“La relación (entre la Iglesia católica y el crimen organizado) no ha sido tersa; de hecho es una relación bastante tensa, y hay que recordar que también les asesinaron a dos sacerdotes jesuitas en Chihuahua (en 2022)”, nos precisó el profesor-investigador de la Facultad de Ciencias Políticas Javier Oliva.
Por ejemplo, el asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, ocurrido en 1993, retumbó en la política nacional e incluso internacional al grado de que diversas investigaciones posteriores revelaron nexos entre jerarcas católicos y dirigentes del narcotráfico, y hasta una presunta participación de autoridades federales en el crimen.
Te recomendamos: Por oportunismo político, reunión de candidatas presidenciales con el Papa
En su reciente investigación El poder del báculo: la relación entre la Iglesia católica y el crimen organizado en México, el politólogo Alberto Roa retomó a otros autores que señalaron que en los años 80 del siglo XX, Posadas Ocampo ya mantenía relación con miembros del crimen organizado desde que era obispo de Tijuana, Baja California.
De esa manera, Posadas y otros miembros de la Diócesis de Tijuana se habrían beneficiado con generosas “narcolimosnas” y obras de caridad por parte de miembros de los cárteles de Tijuana y Ciudad Juárez, a cambio de misas privadas y otras actividades relacionadas con el culto católico. Roa también documentó que el entonces arzobispo de Guadalajara, Juan Sandoval Íñiguez, tuvo contactos con representantes de los cárteles de la droga.
Miembros de la Iglesia, puentes de comunicación… con el narco
Y sin embargo, en medio de la violencia criminal que azota al país, los jerarcas y sacerdotes católicos se han vuelto ya “un factor político en materia de seguridad pública” ante el vacío de las autoridades, nos insistió Javier Oliva.
El también doctor en Ciencia Política descartó que los representantes de la Iglesia en México sean operadores o negociadores con los cárteles, pero aclaró que sí son “puentes de comunicación” con las organizaciones delictivas: “no sería yo tan contundente, pero sí diría que son un vehículo de comunicación, no de manera formal; ocasionalmente lo pueden ser y no solo los jerarcas eclesiásticos, sino los propios sacerdotes de parroquia”.
En ese sentido, Oliva nos recordó la visita del nuncio apostólico, Franco Coppola, a Aguililla, Michoacán, en 2021, justo en momentos en que esa localidad era asediada por el crimen. En declaraciones posteriores a su viaje, Coppola afirmó que la delincuencia organizada florece donde el Estado está ausente, por lo que se debe trabajar en conjunto para resolver la situación de violencia y seguridad.
Quizá quieras leer: Las razones del narco para intervenir en las elecciones de 2024
“Fue la visita ni más ni menos que del nuncio apostólico, es decir, del embajador del Vaticano. Una visita que obviamente fue autorizada por el Papa Francisco, y a quien tuvo que informar (de lo que pasa en México)”, destacó el investigador en temas de Defensa, Seguridad e Inteligencia.
El experto abundó que detrás de la caravana del nuncio apostólico en Aguililla iban unas 80 familias afectadas por la violencia en ese municipio: “entonces lo que hoy estamos viendo de la intervención de la Iglesia católica, no solo en esa zona de Tierra Caliente, que se comparte entre Michoacán, Guerrero, Estado de México y Morelos, no es nueva y nos habla de una cierta ausencia de las autoridades municipales y estatales en materia de seguridad pública”.
Finalmente, Javier Oliva resaltó que el Compromiso por la Paz, firmado el 11 de marzo de 2024 entre las candidatas y el candidato presidencial, y la Conferencia del Episcopado Mexicano, lleva en su portada el sello de la Compañía de Jesús, orden a la que pertenece el Papa Francisco.
“El sello del Papa está ahí (en ese acuerdo)”, lo que habla del gran interés del máximo jerarca de la Iglesia católica mundial por lo que pasa en México en materia de seguridad, concluyó el especialista.
