Las reformas electorales contenidas en el Plan B representan retrocesos en materia de igualdad y paridad que han construido las mujeres en las últimas dos décadas y también en los derechos políticos de personas indígenas, afromexicanas, jóvenes, con discapacidad, de la diversidad sexual, migrantes y residentes en el extranjero.
Así lo señalaron Patricia Olamendi y Marisol Vázquez, integrantes de la Red de Mujeres en Plural, organización feminista que desde 2009 impulsa la defensa de los derechos políticos de las mujeres, normas en materia de paridad y la tipificación de la violencia política contra las mujeres en el país.
La Red de Mujeres en Plural acompañará, con un amicus curiae -que es una opinión de personas expertas en el tema que se impugna-, las acciones de inconstitucionalidad que los partidos políticos de oposición interpongan ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra del segundo paquete del Plan B de la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador.
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Esto luego de que el Senado de la República apruebe las reformas pendientes a cuatro leyes electorales del llamado Plan B y sean publicadas en el Diario Oficial de la Federación, nos dijo Patricia Olamendi, quien también es representante de la ONU Mujeres.
Paridad, en riesgo
En un pronunciamiento, las integrantes de Mujeres en Plural precisan que si bien el Plan B reconoce la paridad de género como la igualdad política entre mujeres y hombres, que está asegurada a partir de la asignación del 50% de mujeres y 50% de hombres en candidaturas a cargos de elección popular y en nombramiento a cargos por designación, también plantea “graves retrocesos” para garantizar su cumplimiento.
Eso porque “prohíbe expresamente” a las autoridades electorales que intervengan en el cumplimiento del principio de paridad que se estableció en la Constitución en 2019, nos expuso Marisol Vázquez.
Esto es una grave limitación a la actuación del Instituto Nacional Electoral (INE) y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), quienes han sido vigilantes de que los partidos políticos cumplan con la paridad en los cargos de elección, en las postulaciones y en las dirigencias partidistas, señaló.
Con el Plan B, el cumplimiento de la paridad quedaría a la discrecionalidad de los partidos políticos, como las autoridades del INE y diversas académicas han advertido.
Aunque la paridad es un principio constitucional, los partidos políticos todavía tienen resistencias a postular mujeres en todos los espacios de representación, nos dijo Vázquez, experta en participación política de las mujeres.
Por ejemplo, en agosto de 2021, la Sala Superior del Tribunal Electoral determinó ajustar la fórmula del Partido Verde Ecologista de México por el principio de representación proporcional que estaba integrada solo por hombres, para sustituirla por una fórmula conformada por mujeres.
Luego de esto, por primera vez en la historia, la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados quedó constituida con 250 diputadas y 250 diputados, una conformación paritaria.
Pero la paridad sigue siendo un gran pendiente en los municipios, donde solo 27% de los más de 2,500 municipios del país están encabezados por mujeres, según refirió el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova.
Pero el Plan B indica a las autoridades electorales que no pueden emitir ningún acuerdo en contra de la autonomía de los partidos políticos. “Y por autonomía a veces entienden (los partidos políticos) que no deben cumplir con el principio de paridad”, sostuvo Marisol Vázquez.
Paridad en gubernaturas ¿en ciclos electorales?
Respecto de la paridad en gubernaturas, el Plan B integra el artículo 11 bis a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe) que dice que habrá ciclos donde se cumpla con la paridad.
Pero es una disposición poco clara sobre la paridad, además que las elecciones en México no están organizadas por ciclos, sino por procesos electorales. Dicha falta de claridad puede dar pie a un retroceso en la paridad en las gubernaturas, señala la Red de Mujeres en Plural.
El artículo no precisa cuándo comienza y termina un ciclo o si en un ciclo solo se pueden postular hombres y en el siguiente mujeres. “Lo que significa que habrá candidaturas reservadas y eso no cumple la paridad para cada elección”, consideró Marisol Vázquez.
Ambas expertas señalaron que el Plan B afecta a un conjunto de derechos políticos electorales. Por lo tanto, violenta derechos establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación (CEDAW), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, todos firmados y reconocidos por el Estado México, que el Plan B estaría desconociendo.
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Retroceso para aplicar la 3 de 3 contra la violencia
De igual forma, el Plan B da marcha atrás a la medida 3 de 3 contra la violencia, porque en los artículos 5 y 7 de la Legipe se establece que la autoridad electoral no podrá condicionar o exigir algún tipo de requisito adicional a los determinados en la Constitución a quienes se postulen a cargos de elección popular.
Y como la 3 de 3 no está en la Constitución, el INE y los institutos locales no podrán pedir que las personas candidatas cumplan con la 3 de 3 contra la violencia, nos dijo Marisol Vázquez.
La medida 3 de 3 contra la violencia fue propuesta por la colectiva feminista Las Constituyentes MX Feministas y fue implementada en las elecciones de 2021 por un acuerdo del Consejo General del INE. A partir de esto se obliga a los partidos políticos a que sus candidaturas sean de personas que no hayan cometido violencia sexual, familiar o que sean personas deudoras de pensión alimentaria para sus hijas e hijos.
Si el Plan B entra en vigor, las autoridades electorales no tendrán competencia para rechazar candidaturas de personas que han cometido violencia política contra mujeres, de hombres que sean deudores de pensión o que han ejercido violencia familiar o sexual.
El 18 de enero de 2023, la Suprema Corte validó la ley 3 de 3 de Yucatán que exige no ser deudor alimentario para competir por cargos públicos.
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Plan B reduce escaños en la Cámara de Diputados para grupos vulnerables
Por otro lado, en la Constitución no están establecidas cuotas o acciones afirmativas para los grupos que sufren discriminación. Las acciones afirmativas funcionan como políticas públicas cuyo objetivo es compensar las condiciones que discriminan a ciertos grupos sociales del ejercicio de sus derechos, según la definición del Tribunal Electoral.
Marisol Vázquez nos explicó que en el proceso electoral de 2018, el INE y los institutos electorales locales aprobaron acuerdos para que los partidos políticos y coaliciones presentaran candidaturas a diputaciones federales de personas pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas.
En 2021, por una sentencia del Tribunal Electoral, esta acción afirmativa se amplió a otros grupos en situación de vulnerabilidad, como las personas con discapacidad, afromexicanas, de la diversidad sexual, migrantes y residentes en el extranjero.
Ese año, el INE ordenó a los partidos políticos que de manera individual o en coalición registraran un mínimo de 50 candidaturas para estos grupos: 32 fórmulas de Mayoría Relativa (voto directo) y 18 de Representación Proporcional (plurinominales).
En consecuencia, actualmente, la Cámara de Diputados tiene 65 diputaciones de personas pertenecientes a dichos grupos. Pero el Plan B, aunque regularía por primera vez estas cuotas, reduce drásticamente a 25 curules en San Lázaro para todos los grupos y suma a las personas jóvenes.
“Es una grave regresión a los derechos de participación política de estos grupos”, ha alertado la consejera del INE, Carla Humphrey.
La reducción del número de curules “va en contra del Artículo 1 constitucional que indica que todas las acciones del Estado mexicano tienen que ser a través del principio pro persona“, es decir, tienen que ir avanzando, sostuvo Marisol Vázquez.
Además, puntualizó, que en el Senado no se han aprobado acciones afirmativas para postular e integrar a estos grupos. Y el Plan B tampoco incluye cuotas para esta Cámara.
De acuerdo el análisis de Marisol Vázquez, lo más grave es que el Plan B establece explícitamente que los institutos electorales locales, los Órganos Públicos Locales Electorales y el INE no pueden aprobar medidas afirmativas -que es como hasta ahora se ha avanzado para garantizar los derechos políticos y electorales-, porque sería una facultad exclusiva del Congreso de la Unión.
Para Marisol Vázquez el Plan B es una reforma electoral para la cual no consultaron a ningún grupo ni colectiva feminista. “Lo que me parece grave y decepcionante es que hicieron que integrantes de los grupos en situación de discriminación que ahora están en la Cámara de Diputados votaran a favor de estos retrocesos”.
¿Tomarán en cuenta esto en el Senado a la hora de votar?
