El 26 de febrero, cientos de personas compartieron en redes sociales un video en el que parece que insultan al presidente. Sin embargo, era una noticia falsa; una más de la lista de “fake news”.
Penalizar a las noticias falsas parecería necesario, pero puede coartar otros derechos como el de expresarse libremente. Aquí te contamos cuál es el papel que debe desempeñar el Estado para no limitar la libertad de expresión.
Y es que esta situación no es exclusiva de México. El año pasado en Estados Unidos, se compartió, al menos, 155 mil veces en Facebook una noticia falsa que aseguraba que el abuelo de Donald Trump era miembro del Ku Klux Klan.
Ante situaciones como estas, los funcionarios y legisladores se han puesto a trabajar y buscan hacer algunos cambios. De acuerdo con la organización Artículo 19, el nuevo Código Penal Federal podría incluir sanciones en contra de las noticias falsas.
Y aunque, de primera instancia esta podría parecer una medida correcta, también se puede convertir en una herramienta peligrosa que gobiernos autoritarios han utilizado como método de censura.
La desinformación y la libertad de expresión
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) publicó el año pasado el Reporte Sobre las Campañas de Desinformación y su impacto en la libertad de expresión.
Ahí, la CNDH señala que “las prohibiciones generales de difusión de información basadas en conceptos imprecisos y ambiguos, incluidos ‘noticias falsas’ (“fake news“) o ‘información no objetiva’, son incompatibles con los estándares internacionales sobre restricciones a la libertad de expresión”.
Cuestione platicó con Vladimir Cortés, oficial del Programa de Derechos Digitales de Artículo 19, quien nos explicó que el fenómeno de la desinformación no es nuevo y que, incluso, lo hemos vivido en México durante décadas: “desde el mismo rol de algunos medios, hasta gobiernos que entregan parcialmente la información o la distorsionan”, nos dijo.
Sin embargo, la desinformación de siempre ahora toma una nueva dimensión gracias a internet y las redes sociales.
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¿Por qué corre peligro la libertad de expresión?
De acuerdo con, Vladimir Cortés porque en el marco del derecho internacional y los derechos humanos existe el principio de que todos los discursos están protegidos, independientemente de su contenido o del grado de aceptación que pueda tener socialmente o por parte del Estado.
Es decir, se debe garantizar la protección de todas las expresiones, según Cortés, no solo para las declaraciones correctas, sino incluso también para aquellas que puedan generar algún tipo de consternación, ofensas, o que puedan llegar a perturbar.
De acuerdo con Cortés, la protección no debe depender de la veracidad porque estaríamos dejando fuera a la opinión, las expresiones sarcásticas, la caricatura política, y la veracidad es un elemento tan subjetivo a la hora de establecer límites, que es riesgoso.
“Nos preocupa porque no puede utilizarse la vía penal como una forma para establecer algún tipo de control sobre los discursos”, dice Vladimir Cortés.
Y agrega: “Imaginemos que tuviéramos una determinada legislación que represente algún tipo de prohibición a la información en conceptos tan imprecisos y ambiguos como noticias falsas. Eso también se puede convertir en un mecanismo de persecución”.
Para el especialista, una prohibición de este tipo podría convertirse “en un mecanismo de acusación frente a medios que puedan ser críticos o que realicen alguna investigación que ponga en duda lo que se dice en un determinado gobierno”.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha externado su preocupación al respecto. Según María Salazar-Ferro, del Comité de protección de los periodistas (CPJ), “en los países donde hay más periodistas encarcelados, se ha adoptado mucho esta retórica de las noticias falsas”.
En cuanto al caso mexicano, Vladimir Cortés considera que aún no es claro si el nuevo Código Penal sancionará las noticias falsas, “pero sí hay una declaración de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, donde pone sobre la mesa la necesidad de regularlas”.
En ese sentido, nos dice Cortés, “desde Artículo 19, recomendamos ser muy cuidadosos con este tipo de declaraciones” y con ofrecer siempre soluciones populares a través de incorporar mecanismos penales.
De acuerdo con el especialista también “hay que tener muy en cuenta que los funcionarios públicos están expuestos a un mayor nivel de escrutinio público y por lo tanto también están expuestos a mayores críticas y tienen que tener un mayor nivel de tolerancia”.
Además, agrega Cortés, con una regulación así, “una columna de opinión podría ser considerada como noticia falsa, y entonces tendríamos a medios y periodistas perseguidos o estigmatizados por hacer su trabajo y por emitir determinadas opiniones”.
Basta recordar el episodio que vivió el columnista Sergio Aguayo el año pasado, cuando fue demandado por Humberto Moreira por “daño moral” y un tribunal de la CDMX le exigió pagar 10 millones de pesos al exgobernador de Coahuila, como Aguayo le contó a Cuestione en entrevista.
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¿Entonces cómo combatir las noticias falsas?
Para Vladimir Cortés, es fundamental proteger todos los discursos pero también es importante señalar la creciente propagación de desinformación y propaganda a través de medios, incluso estatales.
El Estado debe buscar vías que no sean penales, asegura Cortés, como promover entornos de comunicación más libres, independientes, diversos; y fomentar la igualdad, la no discriminación, la comprensión intercultural y otros valores democráticos.
Estos mecanismos contrarrestarían las oleadas de desinformación que puedan tener el propósito de confundir a la población, además garantizarían el derecho a saber, el derecho que tenemos todos de recibir información de distinta índole.
Por ejemplo, si una oleada de noticias propaga estereotipos racistas o desinformación en materia de salud, el Estado tendría que responder con una contranarrativa que informe, explicó Cortés.
Es decir, en lugar de vigilar si los medios cruzan una línea, el Estado debe eliminar la brecha digital y educativa para que la ciudadanía sea más crítica frente a la información que recibe. Sobre todo porque la desinformación no va a desaparecer con castigos penales, al contrario, es una tendencia global en constante evolución.
“Ahora tenemos deepfakes, manipulación a nivel de video, inteligencia artificial, algoritmos. No se va a detener, va a seguir cambiando. Pero no podemos caer en su criminalización porque una opinión no tiene por qué estar basada en principios de veracidad”, asegura Cortés.
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¿Hay un lado positivo?
El especialista en derechos digitales considera que la desinformación sí puede ayudar a construir. Aunque suene provocador, pudimos ver esto en las elecciones de 2018: los verificadores de información.
Los periodistas y los medios de comunicación tienen un rol importante, asegura Cortés, “pueden asumir estándares que propicien la veracidad”.
Por ejemplo, fact checking, derechos a rectificación y réplica, cobertura crítica frente a la desinformación y la propaganda, “particularmente en contextos electorales y en debates de interés público”.
Por último, Vladimir Cortés considera que la desinformación es una responsabilidad compartida entre el Estado, la ciudadanía, los medios y las empresas tecnológicas, para que el flujo de información no se detenga.
Este flujo es importante porque incluso gracias a las noticias falsas se pueden poner temas sobre la mesa, “podemos decir esto no es correcto o hay que estar alerta con esto otro, porque los hechos concretos son A, B y C”, concluye Cortés.
En resumen, en lugar de perseguir y castigar, está en el Estado, el periodismo y la ciudadanía promover medios que garanticen la veracidad y que le den seguimiento a narrativas que evidencien y contrarresten la desinformación.
