Si el día que te corresponde ir a votar te encuentras con la situación de que personas arrojaron dos cabezas humanas en la casilla electoral -como sucedió en Tijuana, Baja California, en 2021– seguramente tu compromiso ciudadano con los comicios de ese día no sería necesariamente tu prioridad número uno.
Quizás el terror de la escena te obligue a huir del lugar y no ejercer tu voto. Tal vez la mera noticia haga que ni te acerques a la casilla electoral, como probablemente lo harían muchos de tus vecinos, amigos y familia.
La intervención de los grupos de la delincuencia organizada en los procesos electorales no es algo nuevo, ni parece que vaya a disminuir, ya que cada vez encuentran formas más sofisticadas de intervenir en las elecciones de todos los niveles para proteger sus negocios e intereses cooptando a los próximos gobiernos municipales, estatales y quizás, hasta federales.
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La violencia directa, como la que mencionamos, es una de las maneras en las que el crimen organizado desincentiva la participación ciudadana en los procesos electorales. El caso de Tijuana es muestra de ello, aunque también se han presentado balaceras, quema de urnas y otras expresiones que nos alertan de que algo grave está sucediendo.
Pero también existen métodos más sutiles como la financiación con dinero ilícito para apoyar a candidatos y candidatas, o el chantaje mediático como recientemente sucedió con la alcaldesa de Chilpancingo, Guerrero, Norma Otilio Hernández.
Claramente la alcaldesa no estaba en campaña, pero este caso nos ayuda a evidenciar cómo fue presionada por miembros del grupo criminal Los Ardillos para sostener un “segundo desayuno” con ellos: después de haber dejado cuerpos desmembrados en la calle con un mensaje dirigido hacia ella, se publicó en redes sociales el video de su primer encuentro con un líder del grupo criminal; finalmente se reveló el audio de esa primera conversación.
El conjunto de circunstancias dicen algo claro: el crimen organizado “mete mano” en el gobierno de México y en sus procesos electorales. Y es peligroso, porque al final no permiten el voto libre, que es la médula espinal de nuestro sistema democrático, nos explicó Dora Alicia Martínez Valero, secretaria en Coahuila y tesorera nacional de la colectiva 50+1, una organización que impulsa desde todos los ámbitos la participación pública de las mujeres.
Fiscalización, única medida para prevenir la intervención del crimen organizado
La especialista nos mencionó que está previsto en la ley mexicana -de “forma genérica”- que está prohibido que los partidos políticos reciban algún tipo de apoyo de procedencia ilícita.
“Por dinero ilícito se entiende evidentemente el del crimen organizado, pero también el de los gobiernos que indebidamente desvían recursos. Esa previsión está tanto en la Constitución como en la ley. Incluso cuando en un proceso electoral queda demostrado que hay intervención de dinero ilícito, puede ser una causal de nulidad de la elección”, nos dijo la también ex diputada federal, especialista en Derecho Electoral y Derechos Humanos.
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Pero eso es lo que está en ley y previsto desde la Constitución, ¿en la práctica qué está sucediendo? El problema de la fiscalización es que es un punto clave que aún tiene muchos obstáculos, como nos explicó el presidente de la Comisión de Partidos Políticos y Prerrogativas del INE, Uuc-kib Espadas Ancona en esta nota, pues además hay dinero en efectivo que es difícil de rastrear.
“El dinero en efectivo que se utiliza en actividades públicas nosotros lo podemos detectar y actuar en consecuencia, pero también es verdad que hay algunos actores políticos recurriendo al uso de dinero en efectivo de fuentes no declaradas que se usa para financiar gente que trabaja en las campañas, por ejemplo”, detalló Espadas Ancona.
Las reglas dicen que los partidos políticos deben reportar todo lo que reciben, “pero aún así hay dinero no reportado porque también se sabe que en las campañas hay mucho dinero en efectivo, porque a veces es imposible que no lo haya”, nos dijo la especialista en temas electorales Dora Alicia Martínez.
Y explicó que: “a veces la autoridad electoral tiene la duda de cuál es el justo medio. Porque si prohíbe la utilización de dinero en efectivo, como se ha intentado hacer, puede paralizar algunos tipos de campañas porque, por ejemplo, en una campaña en un municipio de la Sierra no le vas a poder pagar al representante de casilla con una transferencia electrónica” porque probablemente ni cuenta de banco tiene, nos explicó la ex diputada.
La intimidación, otro recurso de los delincuentes
El mecanismo que tiene la autoridad electoral para tratar de prevenir la intervención del crimen organizado en los procesos electorales -y otros actores como los empresarios y el mismo gobierno- se basa en el rastreo del dinero, pero la delincuencia organizada ha desarrollado otros métodos para manipular los resultados de las elecciones y lo que pasa después de ellas.
Las amenazas, la intimidación, el secuestro de operadores políticos son otras formas de intervención del crimen organizado, nos dijo Dora Martínez. ¿Qué ganan los criminales al involucrarse en los procesos electorales?
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El abogado especialista en seguridad, José Antonio Álvarez de León, nos dijo que más que interesarles el proceso electoral por sí mismo, los grupos del crimen organizado están interesados en facilitarse el control territorial, tener la protección de la policía, colocar personas para poder manejar recursos públicos. Todo esto para beneficiarse al ser parte de las estructuras de gobierno.
“(Buscan) poner presidentes municipales, regidores. Antes era amenazarlos, después comprarlos, ahora es ponerlos pagándoles las campañas porque, por ejemplo, no respetar los usos de suelo, hacerse de la vista gorda del despojo de bienes, controlar tianguis, mercados, rutas de transporte público”, son áreas en las que se benefician de alguna manera tanto los delincuentes como los gobernantes coludidos con ellos, nos dijo Álvarez de León.
Ahora, solemos pensar en el crimen organizado sólo como el grupo de narcotraficantes anónimos -o no- que sostienen negocios ilegales y generan violencia, pero es necesario recordar que las autoridades, los gobiernos e incluso los encargados de la seguridad pública en el país han estado involucrados en actividades ilícitas para beneficiarse a sí mismos, a su propio grupo y a las otras organizaciones ilegales.
Genaro García Luna es una muestra de esto. El ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública durante el sexenio del presidente Felipe Calderón Hinojosa fue declarado culpable en Estados Unidos por los delitos de tráfico de drogas, delincuencia organizada, falsedad de declaraciones y quien también es reclamado por la justicia mexicana.
¿Qué negociaciones sucedieron antes de que el caso de García Luna fuera de interés público? ¿Dónde más metió la mano el crimen organizado en ese sexenio, en el que le siguió, el que vivimos actualmente y quién lo hará el que se avecina?
Mientras la política siga siendo un negocio muy lucrativo en México, tenga la impunidad y la corrupción como estandarte, parece muy ambicioso tratar de separar a las elecciones, el crimen organizado y al gobierno, pero ¿cuánto tiempo resistiremos?
