La política en nuestro país es un gran negocio. No solo por el poder y la influencia que puedan acumular los actores políticos sino porque estos -en definitiva- no se ven a sí mismos como servidores públicos, sino como grandes inversionistas de esta gran empresa llamada México a la que usan para su propio beneficio.
Más de una vez hemos visto cómo funcionarios, líderes de partidos y candidatos han sido expuestos negociando, extorsionando o sobornando a empresarios, miembros de otros partidos y medios de comunicación para lograr sus objetivos.
Tan solo recordemos los escandalosos audios del líder del PRI, Alejandro Moreno, expuestos por la gobernadora de Campeche, Layda Sansores. En uno de ellos, sin pena alguna, el priista presuntamente habla con alguien sobre entregas de dinero, de cómo “luego van a pedir favores” y de las reformas que impulsará para perjudicar a empresarios.
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También el escándalo del ex candidato externo de Movimiento Ciudadano para las elecciones de 2021 a la Diputación Local por el Cuarto Distrito Electoral en Tamaulipas, Luis Alejandro Espino Acosta -hijo del auditor superior de ese estado Jorge Espino- grabado mientras ofrecía $5,000,000 a cada regidor de Reynosa para ser elegido como sustituto del alcalde Carlos Peña Ortiz, como te contamos en esta nota.
¿De dónde saca Espino Acosta -por poner un ejemplo- esa cantidad de dinero para comprar a los regidores? Pues del contubernio que tienen los políticos con grandes empresarios y personas económicamente poderosas que a su vez usan a la política mexicana para sus intereses particulares. Porque, como ya lo dijimos, es un gran negocio.
“Primero hay que establecer que es en los dos sentidos: por un lado los políticos extorsionan a los empresarios, pero por el otro parece que los empresarios también ponen sus condiciones y ellos hacen grandísimos negocios. Ni siquiera lo ven como una extorsión, lo ven muchas veces como una inversión”, nos dijo el politólogo y académico de la UNAM, Jorge Márquez.
Esto se ve mucho en el sector de la construcción, de la obra pública, de los enormes negocios que tienen que ver con mantenimiento, aduanas y otros sectores, explicó Márquez.
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Y si bien es cierto que los partidos políticos tienen permitido recibir donaciones de particulares para financiarse, las empresas, organizaciones o instancias de gobierno no pueden aportar económicamente a ningún partido, nos explicó el presidente de la Comisión de Partidos Políticos y Prerrogativas del Instituto Nacional Electoral (INE), Uuc-kib Espadas Ancona.
“Los partidos políticos pueden recibir donaciones de particulares dentro de ciertos límites. Se trata de que el financiamiento de los partidos políticos sea predominantemente público, así está establecido en la Constitución. Esto es para que no pueda estar sujeto a que grandes intereses económicos puedan intervenir para afianzar sus propios intereses en el proceso de gobernación”, nos dijo el consejero.
Espadas Ancona nos explicó que hay disposiciones legales que exigen que todos los partidos políticos reporten cualquier donación que recibieron para garantizar la efectividad de esto y que el INE tiene amplias facultades de fiscalización, que incluyen la información de las cuentas bancarias de partidos, campañas y candidatos.
Esto permite detectar -en una buena medida- cualquier posibilidad de donación ilegal que se hiciera y además se realizan investigaciones de campo para verificar en las calles el uso de propaganda, la realización de mítines y otras actividades, nos dijo el consejero.
“En caso de existir discrepancia entre gastos reportados y los gastos que nuestras propias pesquisas nos reportan, se le exige al partido que presente el reporte de dónde vinieron esos gastos y en caso de que esto no se cumpla se establecen sanciones que pueden llegar a ser hasta del 200% de los montos involucrados”, detalló Uuc-kib Espadas.
Pero no es tan fácil. Todavía hay fronteras en el acceso a la información que no se han podido vencer, advirtió el consejero, ya que en ocasiones el mismo INE se encuentra con obstáculos para acceder a los datos de los que dispone la Fiscalía General de la República (FGR) para realizar las investigaciones sobre posibles delitos electorales.
Esto, principalmente hablando de dinero bancarizado que puede ser detectado, porque además hay flujo de dinero en efectivo que es más difícil de rastrear.
“El dinero en efectivo que se utiliza en actividades públicas nosotros lo podemos detectar y actuar en consecuencia, pero también es verdad que hay algunos actores políticos recurriendo al uso de dinero en efectivo de fuentes no declaradas que se usa para financiar gente que trabaja en las campañas, por ejemplo”, detalló Espadas Ancona, o en el peor de los casos, para comprar votos.
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“No tenemos la solución en este momento, para ser franco, ya que materialmente es casi imposible detectar el flujo de este dinero. Ahí hay un problema que el sistema electoral tiene y que desde las leyes, la Secretaría de Hacienda y la Unidad de Inteligencia Financiera habrá que construir mecanismos cada vez más firmes que permitan la detección precisa del dinero que se usa fuera del marco de la ley”, agregó el entrevistado.
Partidos políticos cuentan con más de $6,000 millones para el 2023
El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, aseguró que “el modelo de financiamiento predominantemente público de los partidos políticos es uno de los pilares de nuestro sistema electoral y es el producto de la evolución de dicho sistema a partir de una serie de reformas que, consensuadas entre las propias fuerzas políticas, se han ido perfeccionando y mejorando las condiciones de legalidad, certeza y equidad en la contienda política”.
Para esto el INE designó $6,233 millones de pesos para el ejercicio de los partidos políticos en el 2023.
$5,936 millones están destinados al sostenimiento de actividades ordinarias permanentes; $178,080,495 para actividades específicas; $118,720,329 para franquicia postal; $693,490 para franquicia telegráfica más un monto de $178,080,495 para el liderazgo político de las mujeres.
En su intervención durante la sesión extraordinaria del INE del pasado 10 de agosto, el consejero Uuc-kib Espadas acotó: “ese gasto le ahorrará a la sociedad a lo largo y ancho del país, muchísimo más dinero, evitando compromisos, evitando la tentación de venderse a los intereses privados”. Porque esa es la idea.
Pero para el politólogo Jorge Márquez hacen falta otras condiciones para que realmente los políticos se limiten al uso de este presupuesto y no caigan en “tentaciones”, como lo describe Espadas Ancona.
Entre estas condiciones se encontrarían una mayor autonomía de los órganos de fiscalización, de la misma FGR -que ha sido incluso utilizada por su titular Alejandro Gertz Manero para resolver conflictos personales- y un nivel de protección o fuero a los encargados de investigar y sancionar los delitos electorales, de manera que no tengan que estar de alguna manera supeditados al Ejecutivo en turno.
“Ya existen los mecanismos de regulación, pero si la corrupción es demasiado extendida, acaban atendiendo pocos casos y entre ellos el criterio de selección no es siquiera lo escandaloso, sino que responden a un criterio más político”, detalló Márquez.
Además, el consejero electoral Uuc-kib Espadas aclaró que hace falta la coordinación de otras instancias de gobierno especializadas para impedir que otras fuentes ilegales de financiamiento de partidos políticos o campañas electorales puedan influir en los procesos democráticos del país, como en el caso de dinero proveniente del crimen organizado. Aunque, especificó, no es un problema que por sí mismo se tenga detectado en el INE.
“Hasta el día de hoy no tenemos un problema en el que el dinero de la delincuencia organizada altere procesos electorales. No estamos en una descomposición en la que eso pudiera ocurrir. No es así. Pero ciertamente tampoco podemos asegurar que en algunos casos llegué a ocurrir y tampoco podemos presumir de tener mecanismo totalmente efectivo para detectar dineros ilegales”, nos compartió el consejero electoral.
A pesar de que existen tanto las regulaciones como el presupuesto para que lleven a cabo sus actividades, parece que los políticos mexicanos se han tomado muy en serio la consigna de que “el fin justifica los medios” y en muchas ocasiones solo buscan enriquecerse a costa de la sociedad.
