Cuando el VIH/SIDA apareció en el mundo en 1981 la enfermedad ni siquiera tenía nombre. Era un virus desconocido que se detectó en las comunidades gay de San Francisco y Nueva York, que empezaron a padecer sarcoma de Kaposi y a morir de neumonía. Hasta un año después tuvo nombre: SIDA.
Ya entonces le llamaban por otros nombres. “cáncer rosa”, “enfermedad de homosexuales”, “catarro de los maricones”, le decían. Desde entonces la utilizaban para estigmatizar.
Cuarenta años después de la detección de los primeros casos, la estigmatización persiste. De acuerdo con la Red Mexicana de Organizaciones contra la Criminalización del VIH, conformada por 40 organizaciones civiles de todo el país, en 30 de los 32 estados de México los códigos penales existe una figura que se presta a criminalizar a las personas que viven con esta enfermedad.
Los y las activistas llegaron a esta conclusión después de analizar códigos penales, civiles, recomendaciones de derechos humanos y leyes de los estados y encontraron que excepto en Aguascalientes y San Luis Potosí todavía existe el presunto delito de “peligro de contagio”.
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“Hay un delito que está casi presente en todos los códigos penales del país, que es el delito de “peligro de contagio”. Está en 30 de 32 códigos penales vigentes, más el Código Penal Federal”, nos explicó Leonardo Bastida, integrante de la Red Mexicana de Organizaciones en contra de la Criminalización del VIH.
“Este delito lo que genera es que una persona que considere que se puso en riesgo su salud pueda demandar a la persona que considera que es un peligro”.
También encontraron que en los últimos años, congresos estatales impulsan leyes que sancionan con prisión o multas a personas que viven con VIH por “presuntamente” poner en riesgo la salud de otros, a pesar de que la evidencia científica indica que es imposible determinar si una persona específica transmitió o no a otra un virus.
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De acuerdo con la Red, en 2017 se detectaron 15 casos procesales en Veracruz bajo el delito de “peligro de contagio”: tres en Chihuahua, 14 en Sonora, tres en la Ciudad de México, cinco en Tamaulipas, cinco en el Estado de México. Son en total 50 procesos a personas acusadas por una presunción que es imposible comprobar.
Cómo los estados criminalizan a personas con VIH
En el estudio “La legislación mexicana en materia de VIH y sida. Su impacto en las personas viviendo con VIH”, la Red Mexicana de Organizaciones contra la Criminalización del VIH logró identificar que las distintas leyes de los estados criminalizan a las personas que viven con este virus de distintas maneras.
Por ejemplo, en Baja California Sur, Baja California y Guerrero, los códigos civiles prohíben a personas que viven con VIH contraer matrimonio.
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En tanto, en Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Guerrero, Nayarit y Querétaro se puede solicitar la anulación del matrimonio si alguno o alguna de los contrayentes tiene alguna Enfermedad de Transmisión Sexual.
En Guerrero se menciona explícitamente al SIDA como una razón para disolver el matrimonio.
El problema de este tipo de legislaciones, nos explica Leonardo Bastida, es que tienen un impacto directo en la vida de las personas.
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“Quienes están llevando a cabo nuevas infecciones son quienes no saben que viven con el virus y que no se han querido acercar a los servicios médicos, que no han querido realizarse pruebas y que en muchas ocasiones lo hacen por temor al estigma de la discriminación que existe alrededor. Por eso esta estrategia no se considera adecuada y pues desafortunadamente sí tiene un impacto todavía en la vida de las personas”, nos dijo.
Un ejemplo de esto son las leyes de 20 estados, que impiden que una persona que padezca una enfermedad considerada crónica o incurable -como el VIH/SIDA- pueda obtener la tutela de un menor.
Estos estados son: Baja California, Baja California Sur, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.
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Además de que el “peligro de contagio” se encuentra equiparado con los delitos de lesiones o lesiones calificadas en Baja California, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Veracruz y Zacatecas, lo que deriva en penas más severas.
Así se ve la criminalización y discriminación de personas con VIH
Incluso la Ciudad de México, donde el matrimonio homosexual es legal, en el Código Civil todavía se contempla el “peligro de contagio”.
El pasado 3 de junio la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México anunció que había detenido en la alcaldía Coyoacán a un joven de 32 años de edad que vive con VIH. El delito que le imputaba era “peligro de contagio”.
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La Fiscalía incluso publicó un boletín de prensa y subió a redes sociales la imagen del joven, quien aparecía los ojos cubiertos, como la fotos que publica de presuntos delincuentes.
En el boletín, la Fiscalía capitalina señalaba que el hombre identificado como Juan “N” fue puesto a disposición de un juez del Reclusorio Norte.
La denuncia por la que la Fiscalía detuvo y criminalizó a Juan era de 2019, cuando su entonces pareja descubrió que el muchacho tomaba medicamentos y tras verificar que eran antirretrovirales interpuso una denuncia.
Sin embargo este “delito”, que puede implicar penas de hasta cinco años de cárcel, es violatorio de los derechos humanos de las personas que viven con VIH, nos explicó Leonardo Bastida.
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El activista nos dijo que existe un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de 2018 y recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que consideran que este tipo penal criminaliza sin sentido.
El boletín de la Fiscalía capitalina ya no está disponible, pero las fotos que estigmatizan y criminalizan a Juan siguen circulando en Internet.
Cómo la COVID-19 reforzó la criminalización de personas que viven con VIH
Pero a pesar de que existe un fallo de la Suprema Corte en contra del “peligro de contagio”, con la pandemia de la COVID-19, muchos estados endurecieron sus normas para evitar que la gente saliera a las calles y recurrieron a esta figura. Uno de esos estados fue Nuevo León, donde se aprobaron penas de hasta tres años de cárcel y multa económica por este “delito”.
Pero estas medidas ni siquiera contuvieron al coronavirus -cuando se impuso en Nuevo León había 10,389 casos.
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“Con la pandemia también se comienza a generar todavía más miedo social hacia los virus y hacia las enfermedades, hay miedo hacia la COVID-19, pero también se va generando hacia el VIH y hacia otro tipo de infecciones y de enfermedades. Entonces ahí es donde vemos ese impacto, que las leyes se comienzan a ser más severas todavía”, nos dijo Jaime Bastida.
El mayor riesgo, nos comentó, es que esta figura se utilice como en el caso de Juan y una persona con VIH sea encarcelada y se le niegue el acceso a su tratamiento médico.
¿Hasta cuándo los estados de México mantendrán un “delito” que es violatorio de derechos?
