El pasado 8 de octubre, durante el Diálogo de Alto Nivel de Seguridad entre México y Estados Unidos, los gobiernos de ambos países llegaron a un nuevo acuerdo para reducir la inseguridad: el Entendimiento Bicentenario sobre Seguridad, Salud Pública y Comunidades Seguras.
De acuerdo con este análisis de WOLA, una organización dedicada a la investigación en temas de derechos humanos en el continente americano, el nuevo acuerdo se aleja del enfoque en las fuerzas armadas que tiene el marco de seguridad vigente entre México y Estados Unidos, además de centrarse en la reparación de daños de las víctimas y la prevención de la violencia y adicciones.
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¿Qué cambia el Entendimiento Bicentenario?
El nuevo acuerdo sustituye a la Iniciativa Mérida, todavía vigente. En 2008, los gobiernos de ambos países pusieron en marcha este proyecto de asistencia económica, cooperación entre instancias de inteligencia y apoyo en general para reducir la inseguridad.
El Entendimiento Bicentenario busca transformar la cooperación bilateral en materia de seguridad, de acuerdo con la declaración conjunta al respecto entre México y Estados Unidos. Este nuevo marco se guía por tres principios generales: protección a las personas de ambos países al reducir el consumo de drogas y homicidios, prevenir la delincuencia transfronteriza reduciendo el tráfico ilícito y desmantelar redes criminales.
A primera vista, pareciera que el objetivo no cambia, pero lo que es diferente es la estrategia para atacar estos problemas. Para empezar, la política de seguridad actual no tiene un enfoque en la salud pública. Al vincular la idea de adicción de drogas y el crimen organizado, según WOLA, se tiene claro la raíz del problema y puede propiciar a una mejor planeación de política pública. Es decir, se tiene claro que el problema no viene del consumidor, sino de la cadena ilícita de producción.
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Sobre la delincuencia transfronteriza, el intercambio de inteligencia ya no solo será cuestión de instituciones de seguridad, el plan busca propiciar el trabajo intercomunitario y la colaboración con las instituciones de seguridad. De hecho, en Cuestione hemos escrito sobre los resultados benéficos de estas prácticas de colaboración en distintos niveles de la sociedad.
Y en cuanto al desmantelamiento del crimen organizado, el enfoque ya no es atacar a capos y líderes del narcotráfico, ahora la apuesta es perseguir a las personas vinculadas con el financiamiento y a personas de menor rango que puedan proveer información.
El reto a enfrentar
Los últimos años han sido los más violentos en la historia reciente de México, pues los homicidios registrados se han mantenido en una cifra de 36,000 casos anuales, según el INEGI. A esto se le suman el nivel de impunidad que persiste, solo un 1 de 10 homicidios dolosos investigados se resuelven.
Por parte de Estados Unidos, el plan se enfoca más en la parte de consumo de drogas. Según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés), cerca de 100,000 personas fallecieron por sobredosis entre mayo de 2020 y abril de 2021.
Y el cubetazo de realidad
Ambos países buscan ampliar sus canales de comunicación y cooperación en un problema que ha crecido y no han atendido de manera eficaz; las cifras de homicidios son una prueba constatable de ello.
El plan propone enfocarse en los derechos humanos de las personas y en el entrenamiento de las policías en lugar de cargarle la mano a las fuerzas militares, estrategia que, como lo muestran los datos, tampoco funciona.
Sin embargo, se topa con una realidad distinta para las prioridades del gobierno: la creciente militarización como solución a la inseguridad.
Aquí explicamos que el presupuesto para este año de la Guardia Nacional, uno de los principales proyectos del presidente López Obrador, es el doble que el del año pasado. También, es la instancia del gobierno que más aumentó sus recursos. Si bien esta institución reemplazó a la Policía Federal, en este artículo también informamos que en realidad casi todo su presupuesto depende de la Secretaría de Defensa Nacional, la Sedena.
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El Entendimiento Bicentenario tropieza, además, con fiscalías desarticuladas, con un sistema de denuncias que tardan más de cuatro horas en procesarlas y con un 1% de probabilidad de llegar al fondo de ellas, según Impunidad Cero, una organización que se dedica a temas de rendición de cuentas.
Asimismo, la planeación de la nueva estrategia se enfrenta a datos opacos y poco confiables sobre las armas que circulan por el país y también por Estados Unidos. Diferentes solicitudes de información a instituciones de seguridad, pero con la misma petición, difieren en sus números.
El acuerdo es un parteaguas, pues las acciones que contempla indican que los gobiernos entienden al fenómeno de la violencia de manera más amplia, aunque las condiciones en ambos países pueden ser un obstáculo para su implementación.
