Estar en la cárcel sin condena no te debe quitar el derecho a votar. Por eso, del 15 al 19 de mayo en Coahuila y en el Estado de México se llevó a cabo el proceso electoral para que quienes se encuentran en prisión preventiva puedan ejercer su derecho al voto y escoger a la próxima gobernadora y gobernador de su estado.
En 2019 el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió que las personas que se encontraran en prisión sin haber recibido una sentencia conservaban este derecho político bajo el principio de presunción de inocencia. La sentencia ordenó al Instituto Nacional Electoral comenzar a trabajar en una prueba piloto que se llevaría a cabo en 2021 con el fin de poder garantizar a todas las personas en prisión preventiva el derecho a votar en 2024.
Elecciones en 2023
Este año se llevarán a cabo las elecciones a la gubernatura del Estado de México y Coahuila. Como te contamos en esta nota, estos procesos serán fundamentales para definir el futuro político del país. Morena intentará sacar al PRI de dos bastiones históricos de ese partido, en los que nunca ha perdido una elección.
Este proceso electoral presentó la oportunidad perfecta para echar andar una prueba piloto de votación desde algunos centros penitenciarios de ambos estados y perfeccionar el sistema antes de 2024.
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El programa se echó a andar en 20 centros penitenciarios del Estado de México y el Centro Penitenciario Femenil de Saltillo en Coahuila. Esto permitió que casi 5,000 personas pudieran ejercer este derecho. Más del 90% de las personas en prisión preventiva que podían votar, lo hicieron.
Los sobres que contienen los resultados de la votación de personas en prisión preventiva, así como los de la votación anticipada, fueron entregados a la Junta Local del Instituto Nacional Electoral y serán abiertos hasta el día de la elección, el 4 de junio.
Derechos políticos
En México hay 92,856 personas en prisión preventiva según los últimos datos reportados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Eso ha sido denunciado por organismos internacionales por ser “contraria a las garantías internacionales de protección de derechos humanos”. La sentencia del tribunal pone por encima de la privación de la libertad el principio de presunción de inocencia, nos explicó Ángela Guerrero, fundadora y coordinadora del Centro de Estudios y Acción por la Justicia Social (CEA).
“No podemos hablar de que nuestra democracia está completa si hay personas que tienen derecho a votar y no pueden ejercer su voto”, nos dijo la experta, quien considera fundamental para el funcionamiento de la democracia mexicana el que este derecho se le garantice a todas aquellas personas que no han sido sentenciadas.
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CEA Justicia Social es una organización que ha seguido de cerca este tema, han sido observadores en este proceso y crearon “Libres para elegir”, el primer Observatorio de Elecciones y Derechos Políticos en Prisión.
“Íntimamente ligado” al derecho al voto, está el derecho a ser votado y ya hay una inquietud de parte de la población privada de la libertad sin sentencia por explorar este tema, nos comentó Ángela Guerrero.
Los institutos electorales, de la mano de la sociedad civil, han comenzado a ver cómo incorporar de una manera sustantiva a las personas privadas de la libertad en la vida ciudadana. En 2023, las personas en prisión preventiva en la Ciudad de México tuvieron la posibilidad de presentar propuestas de proyectos para el presupuesto participativo.
Grandes resultados
En el Estado de México el proceso ha superado las expectativas de la autoridad electoral: más del 90% de la lista nominal participó en los 20 centros penitenciarios, muy por arriba de la media nacional.
En el proceso estuvieron presentes autoridades electorales, representantes de los partidos, integrantes de organizaciones como CEA y observadores internacionales de Ecuador, Brasil, Venezuela y El Salvador. Esto es fundamental para que los votos emitidos en estos centros tengan validez, mencionó Guerrero.
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El proceso es muy parecido al de voto en el extranjero, las personas reciben una boleta así como las propuestas de ambas candidatas. Los votantes pueden entrar a una pequeña casilla, tomar asiento, leer las propuestas y emitir su voto con base en la información que se les ha entregado.
Uno de los problemas que notan desde CEA Justicia Social en esta elección es precisamente la falta de acceso a la información que hay al interior de los reclusorios.
Ángeles Guerrero nos explicó que debido a las fechas en las que se realizaron las votaciones hubo quienes no tuvieron la oportunidad de ver el segundo debate entre las candidatas a la gubernatura del Estado de México. Este sucedió el 18 de mayo a las 20:00 horas y para entonces, la mayoría de esta población ya había votado en el estado.
¿Podrán votar todos en 2024?
En Coahuila el reto fue otro. Si bien la fecha de la elección fue dos semanas después del segundo y último debate, solo uno de siete centros penitenciarios pudo participar en el ejercicio por motivos de seguridad. 12 mujeres en el Centro Penitenciario Femenil de Saltillo votaron la semana pasada para elegir al próximo gobernador.
Por una parte, el programa piloto en Coahuila ha sido considerado exitoso por las autoridades electorales del estado, sin embargo, no hay garantías de que los problemas de seguridad que solo permitieron a un centro participar en esta elección se solucionen en un año.
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En 2024 todas las personas privadas de libertad sin sentencia deberían poder acceder a este derecho, pero falta ver si esto podrá hacerse realidad teniendo en cuenta la falta de control que tienen las autoridades en muchos centros reclusorios del país.
Las personas privadas de la libertad son uno de los grupos más invisibles en la sociedad mexicana, pero 90,000 votos pueden cambiar el rumbo del país en una elección cerrada. Tal vez este sea el incentivo necesario para que la clase política comience a proponer soluciones al problema de la prisión preventiva en México. Claro, si el Instituto Nacional Electoral y los centros reclusorios son capaces de garantizarlo.
