El video es de un dron clasificado como secreto y dura apenas 20 minutos, pero cambia la historia de lo que pasó esa trágica noche en Ayotzinapa. Los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) tuvieron acceso a ese video y más de 100 horas de grabaciones que arrojan nuevas preguntas sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
En el material registrado por la plataforma T-20 ARCTURUS se puede apreciar el ir y venir en el basurero de Cocula, el 27 de septiembre de 2014, exactamente un mes antes de que se encontraran los primeros restos óseos en el lugar.
“La nueva evidencia nos permite determinar, y yo diría que con plena certeza, la intervención anterior a las diligencias de Procuraduría, anterior al 27 de octubre, por actores que no tenían ni competencia, ni el rango para investigación”, dijo Ángela Buitrago, del GIEI, al presentar el material el pasado 28 de marzo.
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Aquél día, desde tempranas horas de la mañana, decenas de elementos y vehículos de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Procuraduría General de la República, de la Policía Federal llegaron a la zona, y también la Marina, un actor que hasta ahora jamás había sido señalado por tener algún vínculo con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
En el video, que hasta ahora no estaba incluido en las pesquisas, se ve cuando supuestos militares sacan dos bultos de una camioneta y los dejan en el basurero de Cocula, donde de acuerdo con las investigaciones de la Procuraduría General de la República de Jesus Murillo Karam, los cuerpos de los normalistas fueron incinerados y arrojados al río San Juan.
También se ve cuando agentes encienden una hoguera en la zona, y como un helicóptero desciende y hace que la evidencia de una presunta escena de un crimen vuele por los aires.
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“Autoridades ocultaron, cambiaron información, negaron conocimiento de los hechos y generaron desde ese punto de vista elementos para hacer creer que no conocían el paradero de los estudiantes, sobre la detención y desaparición y que no conocían incluso sobre la situación de violencia en Guerrero”, dijo Ángela Buitrago al presentar el video.
La integrante del GIEI sostuvo que las autoridades encabezadas por Jesús Murillo Karam nunca buscaron la verdad, sino que impulsaron una narrativa fabricada a partir de versiones simuladas y testimonios ficticios.
“Encontramos que hay simulaciones en las fechas de captura de los detenidos, en los lugares en que detuvieron a estas personas, en la forma como fueron reenviados a la autoridad y también vemos cómo las puestas a disposición son falsas”.
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Insistió en que “desde el primer momento las tarjetas informativas de las autoridades de Policía en todos los niveles fueron falsas, además de que alteraron el contenido de las bitácoras de las distintas instituciones, incluso cambiando el número de las patrullas que estuvieron involucradas”.
Para la experta, los documentos y videos desclasificados constatan que la “verdad histórica” siempre fue una simulación que afectó el desarrollo de la investigación y solamente ha dificultado dar con el paradero de los normalistas desaparecidos.
El nuevo informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes señala que la Marina y el Ejército supieron que los normalistas serían secuestrados, pero no hicieron nada para evitarlo, y mucho menos para rescatarlos.
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Esta información se revela 7 años y 6 meses después de la llamada “Noche de Iguala”, en la que policías municipales, estatales y federales en Guerrero, detuvieron y entregaron a los jóvenes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” a un grupo criminal. Hasta ahora continúan desaparecidos.
Las Fuerzas Armadas siempre negaron tener información sobre operaciones realizadas ese día y sobre los normalistas, sin embargo, para los expertos, el hecho de que incluso hayan intervenido comunicaciones y supieran exactamente lo que ocurrió pudo haber guiado la búsqueda de los estudiantes.
Además, al menos tres elementos del Ejército estaban infiltrados entre los normalistas realizando labores de inteligencia, señala el documento. Según el informe del GIEI, los militares también realizaron investigaciones paralelas, pero en repetidas ocasiones se negaron a compartir información.
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Más falsedades y simulaciones
En un recuento de las anomalías registradas en la investigación de Murillo Karam, Ángela Buitrago recordó que incluso el acta en el que quedó asentado el hallazgo de restos óseos -que permitieron la identificación posterior de tres estudiantes- es falsa.
De acuerdo con la experta, el documento está firmado por una agente del Ministerio Público que ni siquiera estuvo en el basurero de Cocula, aunado a que ha quedado demostrado que las pesquisas e informes se obtuvieron mediante tortura.
Para el GIEI, el hecho de que se haya registrado la práctica sistemática de tortura es un motivo para invalidar la invesitgación realizada durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
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“El mayor caso de simulación de la investigación es el acto de tortura que llevó a construcciones, desfiguraciones u obtención de información que perjudicó a la investigación”, sostuvo Buitrago.
De acuerdo con el GIEI se puede determinar que hubo simulación por parte de las autoridades en tres momentos:
1. Simulación en el momento de los hechos de la desaparición.
2. Inicio de la investigación en octubre de 2014.
3. Investigación de la PGR.
La muerte de personas clave
El investigador del GIEI, Francisco Cox, abundó en que resolver el caso de la desaparición de los normalistas se ha complicado, pues 22 personas que podrían aportar datos clave han muerto.
De estas, mencionó, 20 han sido asesinadas y sólo 2 murieron por causas naturales. Cox destacó el caso de un sujeto identificado como Salgado Guzmán, quien falleció de 21 disparos en un operativo policial.
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“Gente vinculada o que tenía alguna relación, no sabemos del nivel de detalle, algunos de ellos que entregaron información de otras fuentes, se entiende que hacen parte de Guerreros Unidos y que por lo tanto suponemos que podrían tener más información, nunca vamos a saber, efectivamente, qué información tenían porque han muerto”, dijo.
Prometen investigar participación de la Marina
Luego de la presentación del informe del GIEI, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, afirmó que el Ejército ya está colaborando.
El presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina de este 29 de marzo señaló que elementos de la Marina ya declaran por estas nuevas revelaciones y detalló que el almirante a cargo del operativo ya acudió a la Fiscalía.
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“El video de la Marina me lo mostraron y se dio la instrucción que se investigara a los jefes de Marina que participaron en ese operativo y ya han declarado ante la Fiscalía”, dijo. López Obrador destacó que la investigación sigue abierta y que continuará un año más, pues la intención es llegar a fondo y conocer la verdad.
Sin embargo, más tarde, en conferencia de prensa en el Centro Prodh, padres y madres de los 43 normalistas reclamaron que apenas se haya dado a conocer la participación de la Marina, tres años después de que comenzó el gobierno actual.
“Las 43 familias estamos enojados, porque desafortunadamente nos vieron la cara durante tres años, las instituciones jugaron con nosotros, nos hicieron firmar en diciembre un decreto presidencial en donde se comprometían a entregar toda clase de información que hubiese sobre el caso Ayotzinapa”, condenó Mario González, padre de uno de los jóvenes.
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Los familiares de los normalistas condenaron que Enrique Peña Nieto haya ocultado información, por lo que pidieron que declare sobre su presunta participación en los hechos y solicitaron una investigación en contra del Ejército mexicano y la Secretaría de Marina.
“Señalamos al Ejército porque teníamos motivos. Pensamos que las Fuerzas Armadas podían coadyuvar. Cómo es posible, la Sedena todo este tiempo de Enrique Peña Nieto ocultó información”, dijeron.
El representante legal de los padres, Vidulfo Rosales, aseguró que con el tercer informe del GIEI queda muy claro que sí existió una manipulación de la escena del basurero, con el objetivo de ensuciar el proceso de investigación y ocultar la verdad.
En 2019, el gobierno de López Obrador ordenó que, debido a las múltiples anomalías, la investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa sería reiniciada desde cero.
Hasta ahora nada se sabe del paradero de los estudiantes.
Con estos elementos ¿se puede afirmar que la indiferencia y la colusión sirvieron para operar un crimen de Estado como han sostenido los padres de los 43?
