Cuando Luz comenzó a buscar trabajo como mesera se encontró con varias ofertas en sitios de internet y redes sociales.
Uno de los que llamó su atención fue en una cadena de restaurantes. Ella ingresó los datos, fotos y documentos que le pedían, pero al verificar el sitio de internet se dio cuenta que era falso.
Días después confirmó que no era la página oficial. Cayó en la cuenta que podría tratarse de una red de trata de personas o de robo de identidad.
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Ante el desarrollo de nuevas tecnologías y la pandemia, las redes de trata han recurrido a nuevos mecanismos para atraer víctimas y mover su dinero sin ser detectadas. Esto plantea un desafío para las autoridades.
De acuerdo con el presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, Salvador Guerrero Chiprés, esta práctica es cada vez más común, pues internet ofrece a los tratantes la ventaja del anonimato.
Entre 2019 y julio de 2020 los intentos de enganchar a personas vía redes sociales bajo el pretexto de una oferta laboral o un vínculo emocional, se duplicó. Así lo explicó Guerrero en el foro: “Hacia los diez años de la ley contra la trata de personas, desafíos, retos y perspectivas”, que se celebró en el Senado el 2 de agosto pasado.
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Esta situación, dijo el especialista, se agudizó durante el confinamiento por la emergencia sanitaria de la COVID-19.
Tratantes blanquean recursos con empresas fachada y criptomonedas
En abril de 2019, Ignacio Santoyo, alias “El Sony” disfrutaba del caribe mexicano en un exclusivo fraccionamiento de Playa del Carmen.
Pero un grupo de agentes de la Policía Federal que le seguía la pista desde hacía varios meses interrumpió sus vacaciones. “El Sony” estaba acusado de trata de personas a través del portal ZonaDivas, gracias al cual reclutó hasta 2 mil mujeres provenientes de Venezuela, Colombia, Argentina y Brasil para prostituirlas.
Las autoridades que investigaban a Santoyo dieron con su paradero luego de que sus datos salieran a la luz tras adquirir bitcoins por encima de 56 mil pesos, por lo que se activaron las alarmas del sistema financiero en México. Pero ya anteriormente había comprado monedas virtuales con relativo éxito.
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“En 2018, “El Sony” y su hermana, Ivy, adquirieron al menos 440,800 pesos en bitcoins a través de Bitso, una plataforma para comprar y vender criptomonedas con operaciones en México y Argentina”, reveló Reuters.
Gracias a una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera, supieron que Santoyo tenía la intención de lavar así miles de dólares producto de las ganancias que le dejaban sus actividades ilegales.
“Hemos visto cómo se ha multiplicado, por parte de grupos de tratantes, la adquisición de criptomonedas y esto genera una posición de menor posibilidad de control por parte de las autoridades”, dijo Santiago Nieto, titular de la UIF en el foro en el Senado.
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Nieto consideró que hay una tendencia a adquirir valores virtuales entre grupos del crimen organizado, lo cual se está acelerando con la pandemia.
La unidad que comanda Nieto ha detectado 2,131 avisos y reportes de operaciones inusuales por parte de autoridades financieras en temas vinculados con la trata de personas. Y tan solo entre enero de 2019 y agosto de 2021 la UIF ha bloqueado 1,447 cuentas de tratantes por un monto total de 147 millones de pesos.
Otro método utilizado para lavar dinero son las empresas fachada y el smurfing, que es cuando varias personas hacen depósitos bancarios de distintas sumas de dinero a una sola cuenta bancaria, dijo Nieto.
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Así, han detectado personas que contratan servicios sexuales y al momento de pagar hacen transferencias a comercios con giros aparentemente legales, como podrían ser restaurantes, bares, hoteles, moteles y spas.
Una vez que estas empresas fachada reciben el dinero, éste queda “blanqueado”, lo que permite el flujo de capital en la organización delictiva.
“No solamente se paga a los tratantes con efectivo, sino en muchas ocasiones se generan empresas fachada y los consumidores lo que hacen es hacer transferencias por otro tipo de conceptos a las empresas fachada que terminan pagando sueldos y salarios a los grupos delictivos que vigilan a las jovencitas, a las niñas, a los niños, y pagan sueldos y salarios a los tratantes”, explicó Nieto.
Y aunque afirmó que para atacar a las bandas de tratantes es necesario detener el flujo de capital, admitió que las leyes mexicanas no permiten el congelamiento de activos por un periodo prolongado, como en el caso de “El Sony”, cuyas cuentas de Santander tuvieron que ser descongeladas en 2020 debido a una orden del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito de Cancún.
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“La parte central es disminuir la eficacia de estos grupos a partir del congelamiento de cuentas y del desmantelamiento de empresas fachada que les dan protección. Y por supuesto el flujo del dinero para poder evitar que sigan contratando sicarios, vigilantes, que privan de la libertad a niñas, niños, adolescentes, y particularmente a las mujeres en nuestro país”, comentó.
“La jurisprudencia Medina Mora genera un problema para la UIF por no poder mantener los bloqueos cuando no hay una solicitud o una petición de naturaleza supranacional”.
Desde su posición como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Eduardo Medina Mora, quien en 2019 renunció a su cargo tras acusaciones de enriquecimiento ilícito, promovía jurisprudencias que beneficiaron a presuntos delincuentes al no permitir que se les congelen sus cuentas.
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Reformar la Ley de Trata es el reto
A una década de la aprobación de la Ley que castiga el tráfico de personas en México hay avances, sin embargo todavía es necesario reformarla, consideró el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas.
“A nuestro juicio, tras 10 años es necesario impulsar una iniciativa de reforma a la ley que defina claramente el delito de trata de personas difirenciándolo de delitos en materia de explotación, lo que permitiría enfrentar los altos niveles de injusticia e impunidad en las distintas modalidades que adopta la trata de personas y con ello superar la ineficacaia que actualmente prevalece para prevenir, sancionar y erradicar este fenómeno delictivo.
“Hay que entender que la trata de personas además de ser un fenómeno delictivo constituye una forma de violencia extrema y una violación grave a los derechos humanos”, concluyó Encinas.
