Marco Antonio Sauceda Rocha estaba en su casa la medianoche del 4 de mayo de 2019 cuando un comando armado irrumpió y entre vidrios rotos y balazos los “levantó” a él y a su hermano menor. Esto ocurrió en Sonora. Han pasado casi tres años y su madre, Cecilia Flores, todavía busca al mayor de sus hijos.
A Delia Quiroa, cuyo caso te relatamos en esta nota, le secuestraron a su hermano en 2014 y en medio de la desesperación y la indiferencia de las autoridades estatales tuvo que solicitar el año pasado permiso al líder del Cártel de los Ciclones, en Tamaulipas, para entrar a buscar alguna pista de su pariente entre la media tonelada de huesos y restos humanos hallados en el campo de exterminio de La Bartolina.
Casos como los de estas dos mujeres se repiten por miles en un país que hasta el 13 de abril sumaba 98,999 personas desaparecidas y no localizadas, de acuerdo con el registro de la Comisión Nacional de Búsqueda.
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El reporte de Naciones Unidas
De esto rindió cuenta el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas, que entre el 15 y el 26 de noviembre del año pasado visitó México para conocer de primera mano esta realidad que se suma a la crisis forense del país y a los 52,000 cuerpos y restos humanos que permanecen sin identificar en fosas comunes y anfiteatros, como te lo contamos aquí.
Durante su estancia, la delegación tuvo reuniones con 88 autoridades y visitó 13 estados: Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz. También se reunió con colectivos de víctimas y llevó a cabo algunas actividades de búsqueda en campo.
Tras su visita, los cuatro integrantes del Comité llegaron a una conclusión: en México la desaparición forzada es la definición del crimen perfecto.
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De acuerdo con el informe del Comité publicado el 12 de abril, hasta noviembre del año pasado, solo un porcentaje muy pequeño de los casos de desaparición -entre el 2% y el 6%-, habían resultado en procesos penales, y solo se habían dictado 36 condenas en este mar de casos registrados a nivel nacional.
“La impunidad en México es un rasgo estructural que favorece la reproducción y el encubrimiento de las desapariciones forzadas y pone en peligro y causa zozobra a las víctimas, a quienes defienden y promueven sus derechos, a los servidores públicos que buscan a las personas desaparecidas e investigan sus casos y a la sociedad en su conjunto”, apuntó.
El Comité explicó en su reporte que lejos de brindar soluciones, las autoridades en los tres niveles del gobierno son parte del problema.
Según la ONU, la omisión en la que incurren es tan grave como la colusión, pues permite la actuación de grupos del crimen organizado y ha contribuido a un incremento de casos.
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“Las desapariciones forzadas continúan siendo cometidas directamente por agentes públicos del ámbito federal, estatal y municipal. La delincuencia organizada se ha convertido en un perpetrador central de desapariciones en México, con diversos grados de participación, aquiescencia u omisión de servidores públicos” dice el informe.
Agrega que “Los Estados parte son responsables de las desapariciones forzadas cometidas por los servidores públicos, pero también pueden ser responsables de las desapariciones cometidas por organizaciones criminales”.
¿Cómo comenzó la tragedia?
Los expertos de Naciones Unidas detectaron que si bien antes las desapariciones forzadas eran una violencia utilizada por los gobiernos en contra de voces opositoras, desde 2006, con la estrategia de “guerra contra el narcotráfico” de Felipe Calderón, este problema se agudizó y desde entonces las desapariciones reflejan una gran diversidad de perpetradores, modalidades y víctimas.
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El Comité detalló que entre 2006 y 2021 se han registrado más del 98% de las desapariciones reportadas en México.
Según el más reciente informe de la Comisión Nacional de Búsqueda, durante el sexenio de Felipe Calderón hubo 16,573 desapariciones; con Enrique Peña Nieto, 35 393, y con Andrés Manuel López Obrador suman 24,161.
El Comité enviado por la ONU reconoció que en los dos últimos años ha habido un descenso en los reportes de personas desaparecidas y no localizadas, sin embargo las desapariciones frecuentemente se reportan entre uno y dos años después de que ocurren, lo cual limita las posibilidades de extraer conclusiones definitivas.
Desapariciones de mujeres y niñas se agravaron con pandemia
Entre los hallazgos encontrados por el Comité destaca que de acuerdo con cifras oficiales ha habido un aumento en las desapariciones de niños y niñas de 12 años en adelante, problema del cual te hablamos en esta nota.
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Lo mismo ocurrió con adolescentes y mujeres, pero la tendencia se agudizó con la pandemia de coronavirus.
“Dichos casos corresponderían a desapariciones vinculadas con la sustracción de niños y niñas (dentro o fuera del ámbito familiar), a desapariciones como medio para ocultar la violencia sexual y feminicidio, al reclutamiento y a las represalias. Las víctimas y las autoridades también reportaron desapariciones que tenían por objetivo la trata y explotación sexual”, señala el reporte.
Además, las desapariciones siguen afectando mayoritariamente a hombres de entre 15 y 40 años.
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Plantean soluciones
Entre las 85 recomendaciones del informe, el Comité urgió al gobierno a atender las desapariciones forzadas de manera correcta e instrumentar políticas públicas para tratar de remediar este problema.
El Comité recomendó retirar al Ejército de las labores de seguridad pública, pues señaló que aunque la estrategia comenzó con Felipe Calderón el uso de fuerzas castrenses se ha incrementado.
El Comité también hizo un llamado a México para que elimine los obstáculos en la persecución penal y preste la debida atención a las desapariciones de migrantes y aborde la crisis forense en el contexto de una Política Nacional para la prevención y erradicación de las desapariciones forzadas.
“Para que en México la desaparición deje de ser el paradigma del crimen perfecto, la prevención debe ser el centro de la política nacional para la prevención y erradicación de las desapariciones forzadas”, concluyó el Comité.
“La desaparición forzada en México es un problema de todos: de la sociedad en su conjunto y de toda la humanidad”. El Comité reitera su compromiso inquebrantable de apoyar los procesos desarrollados para prevenir y erradicar esta tragedia humana.
Inicialmente -en un comunicado conjunto de las secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores- el gobierno mostró apertura a las observaciones del Comité de Desaparición Forzada de Naciones Unidas, e incluso informó que la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración estará a cargo de coordinar una estrategia de atención a las recomendaciones.
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Pero las cosas cambiaron en la conferencia matutina del 13 de abril. Por la mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador defendió la labor que realizan los militares en las fuerzas de seguridad pública. Esta fue una de las críticas y recomendaciones del Comité.
“Ellos no tienen, con todo respeto, toda la información, no están actuando con apego a la verdad. Ya no es el tiempo de antes en que se usaba al Ejército para reprimir o para rematar heridos, como se hacía en la época de Calderón, o para desaparecer a personas, ya no es ese tiempo. Todo esto lo está aclarando Gobernación”.
“Ningún organismo internacional va a ponernos en el banquillo de los acusados si estamos actuando con legalidad, con humanismo, si no permitimos la corrupción, si no permitimos la impunidad”, concluyó.
